La ley canaria de educación,
otra oportunidad perdida
Mary C. Bolaños Espinosa.
Miembro del Colectivo Harimaguada y de IDEPC(*)
El pasado 8 de julio se aprobó en el Parlamento de Canarias, en medio de un gran entusiasmo, la primera Ley Canaria de Educación, una ley que, según apuntan los diferentes grupos parlamentarios, deriva de la ILP Por una Ley Canaria de Educación que fue presentada ante el Parlamento de Canarias en julio del año 2010.
Una iniciativa legislativa popular que, es bueno recordar, vio cerrada su tramitación en agosto de 2012, porque el gobierno canario, el mismo que sufrimos en la actualidad, obligó al Parlamento de Canarias a hacerlo “por implicar aumento de créditos presupuestarios”.
Una ILP que, sin embargo, y ante la presión de sus promotores, que tenían detrás 35.329 firmas de ciudadanos y ciudadanas canarias, recogidas en tres meses, continuó su camino en octubre de 2012, tras la rectificación del Ejecutivo, aprobándose su toma en consideración en el Pleno del Parlamento con los votos favorables de los grupos nacionalista, socialista y mixto y la abstención del popular.
Una iniciativa legislativa popular que partía de un somero diagnóstico de la situación de la educación en Canarias, que evidenciaba nuestra situación a la cola del Estado español y de la Unión Europea en inversión y en resultados. Y que, por ese motivo, perseguía entre sus objetivos que se incrementara anualmente la inversión en educación hasta alcanzar, al menos, un 7% del Producto Interior Bruto, ya que apenas se superaba el 4% del PIB.
La Ley Canaria de Educación no es el resultado de un amplio debate social
Casi dos años han transcurrido desde entonces, sin que los colectivos y organizaciones que promovimos la ILP, entre los que se encuentra el Colectivo Harimaguada, tuviéramos conocimiento alguno sobre su proceso de elaboración, ni acceso a su texto. Fue hace unos días, cuando lo consultamos en el Boletín del Parlamento de Canarias, tras conocer la noticia en la prensa. Tampoco fuimos invitados, ni siquiera la Comisión promotora de la misma, a su aprobación en el pleno parlamentario del pasado 8 de julio.
Poco dicen estas actitudes de las conductas democráticas de sus señorías, que pronto olvidaron la procedencia de esta ILP y uno de sus grandes objetivos, planteado en el preámbulo de la misma, que no era otro que constituirse en una oportunidad para debatir con rigor sobre las necesidades de nuestro sistema educativo canario y tomar decisiones consensuadas y prioritarias.
La Ley Canaria de Educación (LCE) no afronta adecuadamente los serios problemas y retos que afectan a la educación pública canaria en la actualidad.
Bien, pues una vez leída la LCE, lo que nos hemos encontrado no es más que un conjunto de recomendaciones y principios, caracterizados por la ambigüedad, sin llegar a concretarse de forma expresa plazos y fórmulas de ejecución y cumplimiento.
Evita adoptar compromisos concretos para el desarrollo de los aspectos que planteaba la ILP que se debían mejorar: presupuestos claros y suficientes, creación de plazas de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional así como de las enseñanzas especiales (enseñanzas obligatorias y postobligatorias) en la red pública, reducción del horario lectivo del profesorado, disminución de ratios del alumnado, potenciación de la atención tutorial, cobertura de todas las bajas, impulso de medidas reales de atención a la diversidad, potenciación de programas de innovación, promoción de la participación de las familias… y, en general, garantizar los recursos materiales y humanos necesarios para la mejora de la calidad, la equidad, la eficacia y la eficiencia de la educación pública canaria.
Presenta una financiación que de antemano hace inviable el desarrollo de los principios y recomendaciones presentes en la Ley. No se puede aislar una Ley aprobada por CC y PSOE con su práctica, que no ha sido otra que la de la descapitalización y el deterioro progresivo de la escuela pública canaria (recuerden que Paulino ya habló a su llegada de las bondades de llegar a un 50% de educación concertada en Canarias).
Solo en los últimos cinco años, la plantilla del profesorado no universitario de la enseñanza pública canaria se ha reducido en torno a 2.000 plazas, mientras el alumnado ha aumentado en más de 15.000. También somos la única comunidad, junto con Madrid, en la que ha bajado el gasto público por alumnado en centros públicos no universitarios, en el periodo 2006-2011. De 5.700 euros en el año 2006 se pasó a 5.315 € en el 2011 (últimos datos publicados).
Y junto a estos progresivos recortes de plantilla de profesorado y a la elevación de la ratio profesorado/alumnado, en los últimos años se ha aplicado una política educativa caracterizada por la reducción de las dotaciones presupuestarias para funcionamiento y para los servicios educativos (comedores, transportes, acogida temprana, actividades extraescolares, etc.).
Frente a estos datos, lo que nos venden como una subida de financiación (del 4.23% a un 5% del PIB) es un engaño. No cubre ni la pérdida sufrida en el presupuesto educativo en Canarias, fruto de la desinversión de los últimos 14 años (en el año 2000 se invertía un 30,8% del presupuesto global y en 2014 un 22,2%).
Aprobar una ley totalmente alejada de la realidad, aún más deficitaria que la que teníamos en el año 2010 en que se redactó la ILP, a la que pretende responder la Ley Canaria de Educación, presentándola como su heredera, es estafar a la ciudadanía canaria que apostó por la misma, puesto que la falta de financiación arruina la esencia de la ILP de educación.
Elimina la condición del comedor, transporte o acogida temprana como servicios esenciales, universales y gratuitos del sistema público educativo canario, apuntalando su concepción como servicios complementarios, remitiéndolos a una reglamentación y regulación posterior y haciendo, además, una apuesta por la privatización de los mismos (camino ya emprendido)… Introduce el pago del transporte por parte de las familias y no extiende este servicio a Infantil y Secundaria.
En otros temas, la falta de concreción y de respuestas claras a las carencias que hoy tenemos en los centros es su característica. Así ocurre con el Plan de atención a la diversidad y la compensación educativa, o con las funciones, el perfil, la formación y el reconocimiento del profesorado, que quedan en una ambigüedad que deja puertas abiertas a la jerarquización, meritocracia y competitividad, con el supuesto fortalecimiento del aprendizaje idiomático y el plurilingüismo que no se especifica cómo se va a desarrollar respetando la equidad, o con la excesiva apuesta por las tecnologías digitales como solución a los problemas existentes hoy en nuestros centros. Dejaré para otro momento, la oportunidad que pierde de recuperar experiencias y programas, ampliamente reconocidos y valorados, que fueron seña de identidad de Canarias, y cuya necesidad tienen plena actualidad. Entre ellos, destacaría las relativas a la Educación Afectivo Sexual, cuya necesidad es reiteradamente demandada por la ciudadanía.
A pesar de las continuas solicitudes del profesorado y equipos directivos, avaladas por diversos estudios, no se disminuye la burocracia exigida a los centros educativos y la autonomía se mantiene “en el marco de la legislación vigente”, “de acuerdo con lo que establezca al respecto la Consejería”. Si hacemos caso a la experiencia vivida hasta ahora, esto se traduce en fiscalización y abandono.
Otra de las bondades que se anuncian sobre la Ley Canaria de Educación es el muro de contención que va a suponer en Canarias a la aplicación de la LOMCE. Las declaraciones del Consejero, el día de su aprobación, fueron claras y tajantes. "La futura Ley Canaria de Educación como cualquier otra ley educativa autonómica no puede oponerse a las Leyes Orgánicas del Estado, y en realidad son una concreción de aquellas en el ámbito territorial correspondiente". Es evidente que si va a ser así, los planteamientos de la LCE sobre aumento de participación democrática de la comunidad educativa o de evaluación continua, quedarán en papel mojado.
Es más, la práctica seguida por la Consejería de Educación del gobierno de Canarias, no solo no ha sido la de la insumisión ante la LOMCE (que conllevaría la aplicación de algunos artículos de la LCE), sino que ni siquiera ha usado los resquicios que deja esa ley para defender el modelo de escuela pública.
La Ley Canaria de Educación, otra oportunidad perdida
No quiero ser aguafiestas, pero frente al entusiasmo mostrado por el Señor José Miguel Pérez, es conveniente que se alcen también voces de sensatez. Una Ley Canaria de Educación debe primar la Enseñanza Pública Canaria, de titularidad y gestión pública, apostando por la puesta en práctica de políticas y actuaciones concretas, sobre todo de compensación de desigualdades, para conseguir la calidad de la enseñanza y el éxito escolar para todas y todos.
Y eso pasa por asegurar una FINANCIACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO EDUCATIVO CANARIO, que garantice, en un plazo temporal limitado, la suficiencia de recursos para afrontar las medidas planteadas, mediante una financiación sostenida y equitativa, asegurando que en los próximos años se alcanzara el 7% del PIB en inversión pública educativa.
Hemos de tomar conciencia del momento trascendental que estamos viviendo. La “crisis” se está usando para imponer un retroceso social extraordinario, que está suponiendo el empobrecimiento de la mayoría de la población, la eliminación de derechos democráticos básicos y un avance contundente en el desmantelamiento del sistema público de educación.
No podemos, ni queremos, ser cómplices de más recortes, tamizados de buenas intenciones, no podemos aplaudir la aprobación de una ley, que no es ajena al hecho de que se acercan periodos electorales importantes.
La unidad y consenso de las comunidades educativas canarias está concretada en la exigencia de la necesidad de dar un importante vuelco a la educación. El sistema educativo público canario necesita mejorar en cuanto a resultados del alumnado, pero también en cuanto a dotación y gestión de recursos materiales y humanos. Lo que nuestro sistema educativo canario requiere es la valentía de un gobierno para cambiar la política educativa seguida hasta el presente y reorientarla a favor de la mayoría social. Mi pregunta es ¿existe tal voluntad?
No me parece que se demuestre con la ley aprobada. Más bien creo que se trata de un ejemplo más de la ligereza con la que se sigue abordando un asunto tan serio como es la realidad educativa canaria. ¡Otra oportunidad perdida!
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